Según la Superintendencia de la Economía Solidaria, el cooperativismo en Colombia representa cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, desde las distintas áreas en las que se especializan las 3.104 cooperativas vigiladas por el ente de control al 31 de diciembre de 2021. Estas entidades de origen solidario organizan y lideran procesos de transformación social, productiva y económica en todas las regiones del país, incluyendo las más apartadas, pero aún enfrentan retos para convertirse en aliadas estratégicas del desarrollo.
Según
María Eugenia Pérez Zea, Presidenta de la Asociación Colombiana de
Cooperativas, Ascoop, el sector tomó medidas para resistir el impacto del
comportamiento que el precio del dólar registra desde julio de 2022, con una
tendencia alcista que lo llevó a máximos históricos de $4.600, afectando la
rentabilidad de los excedentes del sector que se utilizan para reinvertir en
las entidades, según su naturaleza, y que para 2022 se estiman 9% menos que en
2021, equivalentes a $34.000 millones por debajo.
“El
sector se alista para hacerle frente a las consecuencias de la revaluación que
afecta y afectará la rentabilidad de los fondos de inversión de las
cooperativas, los ingresos de los ahorradores, el alza en la canasta familiar,
las dificultades que enfrentan las cooperativas dedicadas a procesos
co-productivos como las agrícolas y llevará a la disminución en las
valoraciones de los patrimonios”, destacó la directiva en el marco de la
conmemoración de los 62 años de existencia de Ascoop en el país.
En línea
con dicha sugerencia, Ingryd Mora, Gerente General de Financiera Progressa,
reveló que la cooperativa de ahorro y crédito, hizo ajustes presupuestales
acorde con lo sugerido, destacando que existen áreas intocables.
“Estamos
apalancando nuestra gestión con acciones de mejoramiento apoyados en tecnología
para ofrecer productos digitales que sean más cercanos a los asociados (o
colombianos) en búsqueda de garantizar mayor cobertura. Acciones que junto a la
educación financiera de socios y colaboradores, están enfocadas a hacerle
frente al impacto de la revaluación que afectarán los excedentes de nuestras
entidades y a prestar un mejor servicio”, destacó la Gerente.
De
acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
denominado - Capacidad digital en las Cooperativas Financieras de
América Latina y el Caribe –, la transformación digital orientada a
clientes y/o procesos es crucial para que las cooperativas financieras (CF)
sean competitivas pues mientras que la banca ha reconocido el valor y la
necesidad de digitalizar sus negocios, y han avanzado en el proceso, existe una
brecha creciente entre bancos y CF en este aspecto, que cada día se reduce más
por la velocidad y la escala de la transformación digital (vía aplicaciones
móviles, Big Data, la nube, etc.)
“El
desarrollo digital requiere superar las limitaciones para un entendimiento real
de las economías detrás del proceso de digitalización. Identificar costos y
beneficios, calcular puntos de equilibrio y planificar la sostenibilidad
financiera de los canales digitales no es fácil para muchas CF. Más aún, la
colaboración de CF y Fintechs que aún no se ha desarrollado con terceros, lo
que complica el proceso y reduce las oportunidades de disminuir los costos de
la digitalización”, destacó el documento.
Al
respecto la gerente de Financiera Progressa instó al sector a incorporar cuanto
antes en sus prioridades organizacionales la digitalización, la educación
financiera y el estudio de las necesidades de los ahorradores e inversionistas,
que hacen parte del esquema del cooperativismo que cumple 62 años de existencia
en el país a través de Ascoop, para agilizar la bancarización en la región y
garantizar servicios financieros a personas de bajos ingresos que viven en
zonas rurales, y no tienen buenas conexiones de Internet.
El
sector solidario espera respuesta del Gobierno Nacional al que le propuso conformar
mesas técnicas para discutir y avanzar en las soluciones que las cooperativas
ofrecen al país, y al apoyo que el Ejecutivo puede brindarle a este sector de
la economía que urge apoyo estatal para desarrollarse plenamente, mientras
aporta a la igualdad de oportunidades y garantías para poblaciones vulnerables
y excluidas, y a la democratización del crédito.
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