Las entidades del Estado cuentan con
una dependencia fundamental llamada Control Interno Disciplinario y en la
Gobernación de Risaralda está liderada por Nancy Guzmán López, quien es la
directora administrativa de esta división que tiene funciones de juzgamiento.
Nancy Guzmán López quien es abogada
con especialización y maestría en Derecho Penal y Criminología y cuenta con una
amplia experiencia en el control disciplinario, explicó cuál es la importancia
de ejercer dicha vigilancia en los entes territoriales, no solo para garantizar
un proceso justo y objetivo a los disciplinados, sino como prenda de garantía
de una administración eficiente y transparente.
“Al interior de las entidades del
Estado, tiene que haber una oficina al más alto nivel jerárquico que investigue
y sancione las faltas disciplinarias cometidas por sus servidores públicos, lo
cual fue determinado con la expedición de la Ley 734 de 2002 o el Código
Disciplinario Único”.
Aseguró la funcionaria que “nosotros
como servidores públicos tenemos derechos, entonces no podemos extralimitarnos
en el ejercicio de esos derechos, y tenemos unos deberes y estamos en la
obligación de cumplirlos. Hay unas conductas prohibidas, en las que no podemos
incurrir, así como hay un régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
impedimentos y conflictos de intereses”.
Faltas gravísimas
También recalcó Guzmán López que hay
una serie de conductas que han sido determinadas como fallas gravísimas y que
los servidores públicos tienen la obligación de no cometerlas, “so pena de
incurrir en falta disciplinaria y por ende acarreará una sanción en nuestra
contra”.
¿Qué es el control disciplinario?
Según lo relató Nancy Guzmán, el
control disciplinario se encarga precisamente de investigar al interior de las
entidades, porque en principio, es el área que tiene que vigilar a sus
funcionarios, mientras que el control disciplinario externo lo ejerce la
Procuraduría General de la Nación y las Personerías Municipales.
“Nosotros aquí en el departamento de
Risaralda, dependemos directamente del Despacho del señor Gobernador, porque el
control disciplinario tiene que ser una oficina al más alto nivel jerárquico”.
Relató que con la entrada en
vigencia del Código General Disciplinario ley 1952 de 2019 reformada por la ley
2094 de 2021, “en Colombia el juzgamiento no podía seguir siendo inquisitivo,
lo que significa que antes el mismo funcionario que recibía la queja, recibía
el informe, investigaba y también formulaba el pliego de cargos”.
Continúo la funcionaria diciendo que
al expedirse el Código General Disciplinario, se le “ordenó a las entidades del
Estado, que en un tiempo de 9 meses organicen esa situación al interior. Usted
como Gobernación tiene que garantizar que un funcionario sea el que instruya y
otro sea el que juzgue y los dos van a estar al mismo nivel jerárquico, ninguno
es superior del otro. Nosotros tuvimos afortunadamente el respaldo total de
nuestro Gobernador, para cumplir este propósito, ya que es un hombre cumplidor
de la ley”.
De esta manera y con la directriz del
gobernador Victor Manuel Tamayo Vargas, se adelantó el proceso administrativo
para cumplir la normativa, y adelantar la separación de los roles.
“Se ajustaron las funciones del
director que ya venía y se creó un cargo nuevo, entonces le estamos
garantizando un debido proceso a los funcionarios que sean sujetos
disciplinables”, enfatizó Nancy Guzmán.
Prevenir antes que juzgar
Manifestó la directora de Control
Disciplinario que una premisa fundamental es la prevención y la sensibilización
con los funcionarios, que comprendan la importancia de cumplir su labor de
manera transparente y no llegar a instancias de juzgamiento, para lo cual se
han implementado en el Departamento múltiples estrategias entre las que se
destacan las capacitaciones recordando las normas, el código penal, los delitos
contra la administración pública y que su realización puede acarrear sanciones
y privación de la libertad.
Así mismo se realizó en el mes de
julio de 2023 con éxito la Primera Semana de la Integridad Pública, evento
enmarcado en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
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