En rueda de prensa, y tras una
reunión con delegados de la comisión de verificación de la ONU y observadores
internacionales, las autoridades civiles, militares, de policía y eclesiásticas
en cabeza del gobernador de Risaralda, mostraron su preocupación tras constatarse
presencia del ELN, Frente Manuel Hernández El Volche en el municipio de
Mistrató, donde se ha registrado coacción a la población civil de la zona rural
y semiurbana.
Entre los hechos denunciados a la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz a través de los delegados de
verificación de la ONU se encuentran: extorsiones a mineros y campesinos,
coacción a los integrantes de las comunidades educativas, presencia de personas
con camuflados y portando armas largas en reuniones, y restricciones al libre
desplazamiento de la población.
De igual manera se puso en
conocimiento las denuncias que reposan en la Fiscalía sobre amenazas a través
de panfletos al Alcalde de Mistrató, Jorge Mario Medina, quien solicitó
despachar desde la capital de Risaralda.
El Gobernador de Risaralda indicó
que, “en un momento sensible para el país, si bien es cierto, es importante
sacar adelante el proceso de paz y apoyar al Gobierno Nacional en estos
diálogos, le solicitó a la fuerza pública aumentar la presencia en la zona, e
invito a los integrantes de estos grupos alzados en armas para que respeten el
protocolo establecido en el Decreto 1117 de 2023 de Cese al Fuego Bilateral y
Temporal de carácter Nacional, en el cual está prohibida la expansión
territorial, como es el caso de Risaralda, donde hasta la fecha no se tenía
registro ni presencia de este grupo armado”.
De acuerdo al Decreto 1117 de 2023,
que tiene vigencia del 03 de agosto de 2023 al 29 de enero de 2024 referente al
Cese al Fuego Bilateral de carácter Nacional Transitorio, en su Artículo 1,
PARÁGRAFO 1. “El CFBNT tendrá como objetivo mejorar la situación humanitaria de
las poblaciones y los territorios. Igualmente, las acciones específicas
acordadas entre las partes tienen el propósito de generar condiciones para que
la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades, con énfasis en los
más vulnerables, entre ellos, los liderazgos sociales y ambientales, pueblos
étnicos, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y los menores de
edad; así como evitar incidentes que pongan en riesgo el cumplimiento del cese
al fuego, incluyendo el desarrollo de misiones médicas, de salud pública y
humanitarias y la atención de enfermos y heridos de la población civil y de los
integrantes de las Fuerzas Militares y Policía y del ELN”.
Por último, el mandatario
departamental aseguró que “desde el departamento de Risaralda hacemos un
llamado a todos los actores para que se respete el cese al fuego y se mantenga
a la población civil al margen de cualquier tipo de coacción e intimidación”.
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