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Durante la segunda sesión
del comité carcelario de Risaralda, estuvieron presentes: la Defensoría
regional, los 14 alcaldes del departamento, la Personera de Pereira, funcionarios
de la Policía, INPEC, directores de las diferentes cárceles del departamento,
además de los secretarios de Gobierno departamental y municipales, con el fin
de discutir sobre la situación carcelaria de la región y los diferentes
convenios que van a realizar las administraciones con las instituciones.
Por medio de la circular 03
del 19 de marzo de 2017 se les pidió a los procuradores regionales que visiten
los centros carcelarios e informen como se encuentran los reclusos, que tengan
condiciones dignas en salud, alimentación, espacios, entre otros.
La situación de la Cárcel la
40 no es distinta a la mayoría de cárceles del país, puesto que hay un
sobrecupo de 628 reclusos “la palabra
hacinamiento se ha convertido en un término normal en el día a día de los reclusos,
en donde si bien perdieron la libertad no han perdido la dignidad” Pronunció la
Defensora del Pueblo Elsa Gladys Cifuentes.
En la cárcel de Pereira, se
encuentran 1.277 reclusos, de los cuales 832 están condenados, y 445 están
sindicados, razón por la cuál desde la Defensoría en compañía del INPEC
solicitan a los alcaldes del departamento que aporten la cifra de 1´083.333
mensuales por recluso que este sindicado y que sea responsabilidad de cada
municipio en particular.
Ante esta solicitud, el
alcalde de Pereira Juan Pablo Gallo Maya pronunció lo siguiente “Las
responsabilidades que tenemos los alcaldes son cada vez más, nuestro compromiso
con la ciudad es total, el tema en el que más nos reclaman es en el de
seguridad, el 78% de las personas que capturamos con la Policía y la Fiscalía en
el 2016 se encuentran en libertad, y casi el 50% de los delitos son cometidos por
las mismas personas”.
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