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Defensora Regional del Pueblo de Risaralda propone revisar el modelo en la región Verdadera resocialización penitenciaria, depende de una óptima capacitación y trabajo carcelario

En las últimas horas, dentro del marco de la reunión de seguimiento a la justicia transicional de Risaralda, a instancias de los miembros del poder judicial regional, la defensora del Pueblo, Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, propuso una revisión profunda a los diferentes programas de resocialización que adelanta el Inpec en los centros de reclusión del Departamento.

La experta en derechos humanos sostuvo que la resocialización punitiva debe girar en torno al trabajo carcelario, lo que en últimas obedece a la filosofía de que estas personas requieren de una capacitación adecuada previa para poder brindarse un sustento honesto en su vida a futuro y, por lo tanto, para poder alejarse del delito. En consecuencia, pidió que se haga un análisis del verdadero efecto que tienen estos procesos en Risaralda.

“Estamos evidenciando que la gran mayoría de las ciudadanos que ingresan a las cárceles del departamento tienen antecedentes penales, es decir, reinciden en estos comportamientos delictivos, con lo que se evidencia que en algo estamos fallando”, aseguró.

La funcionaria dejó claro que si bien el ideal resocializador no garantiza la prevención del delito, abandonarlos a su suerte sin prepararlos para la libertad en forma efectiva, resultaría catastrófico para la sociedad colombiana.

La funcionaria recordó que es obligación del estado devolver a la calle a estos colombianos resocializados, eso quiere decir romper con el mito urbano de que las cárceles son “universidades del delito”.

“Ahora bien, un centro penitenciario no puede seguir siendo un establecimiento que se dedique a castigar la infracción penal exclusivamente. Si queremos evitar la reincidencia y la efectiva reinserción a la vida en comunidad, es responsabilidad del Inpec reformular sus procesos y llamar a otras entidades a fortalecer este tipo de programas, que en últimas es su razón de ser, máxime que entidades como es Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios), ya tienen en sus hombros toda la carga logística de atención y operativa de la administración carcelaria en Colombia”, explicó.

Elsa Gladys Cifuentes reiteró que si un interno está vinculado con proyectos productivos siente que es útil, que está produciendo. Añadió que diversos estudios comprueban que la capacitación para el trabajo dentro del establecimiento penitenciario baja los niveles de tensión, disminuye la violencia, reduce las causas que detonan las enfermedades mentales y proyecta a la persona hacia la utilidad.

“Desde ya ponemos toda nuestra voluntad y la de nuestro equipo profesional de la Defensoría Regional del Pueblo para facilitarle el trabajo al Inpec, el que también debe convocar a otras instancias públicas, al igual que a los gremios económicos risaraldenses, la academia y a la sociedad civil organizada. Si los capacitamos y los ponemos a producir, mientras cumplen sus penas, eso les genera ingresos para ellos y sus familias, al igual que reducirían los cotos de operación de los penales. Devolvámoslos a la sociedad convencidos de que tienen una segunda oportunidad y que ya saben cómo ganarse la vida”, puntualizó
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