En
un acto este lunes junto parte de la sociedad civil, la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) presentó un documento "de acuerdo y unidad
nacional" en el que se solicita a la Asamblea Nacional, de mayoría
opositora desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015, que promueva
una consulta el 16
de julio para decidir "el futuro del país".
Es una
nueva iniciativa después de tres meses de protestas contra el gobierno.
De
acuerdo al documento llamado "Que sea el pueblo quien decida", la
oposición quiere que la gente se pronuncie sobre el rechazo a la Constituyente,
sobre el papel que demanda a los funcionarios y a la fuerza armada para
"lograr la restitución del orden constitucional" y sobre si quiere
renovar los poderes, un gobierno de unión nacional y la realización de
elecciones "libres y transparentes".
Según
el artículo 71 de la Constitución, el poder legislativo tiene el derecho a
convocar la consulta, pero difícilmente será validada por el Consejo Nacional Electoral
(CNE), que suele coincidir con el Ejecutivo y ha dado el visto bueno
a las elecciones a la Constituyente el 30 de julio.
De hecho,
la oposición ni siquiera buscará el aval del CNE. "Estamos en 350",
dijo a BBC Mundo el líder opositor Freddy Guevara, vicepresidente de la
Asamblea, al ser preguntado si pretenden lograr el visto bueno del poder
electoral.
Guevara
hace referencia al artículo
350 de la Constitución, que permite desconocer
a las autoridades.
Para
el analista Luis
Vicente León, la consulta es "un
juego político simbólico"que pretende agregar a las protestas actuales "elementos
creativos y distintos que motiven a la población".
León,
economista y director de la encuestadora Datanálisis, cree que la oposición
desea un duelo
de movilización.
"Busca
marcar una diferencia entre la gigante abstención en el evento del gobierno (la
votación de la Asamblea Constituyente) y una movilización gigante que le abra a
la gente mecanismos para participar distintos a la protesta de calle",
afirma a BBC Mundo el analista.
¿Solución?
El
gobierno promueve la Constituyente como solución al conflicto político y social
que vive Venezuela, agudizado por una ola de protestas que dura ya tres meses.
Dos
sentencias del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) que le restaban poderes a la Asamblea Nacional dieron
inicio a unas manifestaciones fomentadas por la oposición y que ha dejado ya
casi 90 muertos y que no tiene final a la vista.
Todo
ello en el contexto de una severa crisis económica con escasez de alimentos y
medicinas en los últimos años, lo que ha socavado el apoyo al gobierno y la
aprobación del presidente, Nicolás
Maduro.
La
oposición y sectores del chavismo critican que se promueva la Constituyente sin
un referendo previo para su convocatoria, y las condiciones para una compleja
votación sectorial y territorial con la que acusan al gobierno de querer
controlar el resultado.
Por ello,
rechazan la elección del 30 de julio por considerarla un "fraude" con
el que Maduro busca perpetuarse en el poder.
El
presidente asegura que la Constituyente pretende no sólo redactar una nueva
Constitución, sino también reformar la estructura del Estado.
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