Al término del juicio adelantado en contra del expresidente de la Corte
Constitucional Rodrigo Escobar Gil, la Fiscalía General de la Nación pidió al
juez de conocimiento, durante los alegatos de conclusión, que profiera una
condena ejemplar contra el procesado por el delito de tráfico de influencias de
terceros.
El exmagistrado es acusado de interceder, ante funcionarios de la máxima
corporación, con el propósito de inducirlos a favorecer, en sede de revisión, a
la empresa Fidupetrol con una tutela para que este recurso fuese seleccionado y
fallado de acuerdo con sus intereses particulares.
Los hechos materia de la investigación se registraron entre el 18 de
octubre y el 27 de marzo de 2014 en Bogotá.
Como elementos materiales de prueba fueron exhibidas intercepciones telefónicas
de conversaciones sostenidas entre el exmagistrado de la Corte Constitucional
Luis Ernesto Vargas Silva y el abogado Víctor Pacheco, sobre 500 millones de
pesos para favorecer la tutela y dejar sin vigencia la condena contra
Fidupetrol.
En este episodio, sostuvo el fiscal que, aunque el funcionario judicial
Vargas Silva se negó a tal ofrecimiento, sí se demuestran los acercamientos con
fines ilícitos de Escobar Gil por intermedio del abogado Pacheco para
alcanzar sus objetivos ilícitos.
“Se ha valido de su calidad de exfuncionario del Estado, de sus
amistades, de su posición, para favorecer con la tutela a Fidupetrol”, explicó
el fiscal al juez de conocimiento.
Asimismo, relató los detalles de un almuerzo en un prestigioso
restaurante en el norte de la capital, en medio del cual Escobar Gil —sin
mencionar que estaba al servicio de Fidupetrol— pretendió inducir a los
magistrados asistentes a privilegiar el fallo a favor de esa compañía.
Insistió el fiscal que se trató de presiones indebidas de Escobar Gil a
los magistrados del alto tribunal.
“No se puede utilizar la libertad contractual para enmascarar y darle
manejo ilícito a una tutela”, agregó el delegado del ente acusador al referirse
a un contrato de prestación de servicios del exmagistrado Escobar Gil con
Fidupetrol.
Finalmente la tutela fue fallada en contra de las pretensiones del
procesado por un sustento no claro y razonable del presunto derecho fundamental
afectado.
La pena a la que se expone el exfuncionario oscila entre los 4 y 8 años
de prisión.
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