El último
informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses, en el
cual se analiza el comportamiento del suicidio en Colombia de enero a diciembre
de 2019, muestra un incremento con respecto a los años anteriores, que ha
generado preocupación en los analistas. En 2018, se presentaron 2464 casos, y
en el 2019 esta cifra ascendió a 2550, una variación porcentual de 3.5 entre
uno y otro año. Desde el punto de vista estadístico, dicho número simplemente prueba
que a pesar de los esfuerzos nacionales para disminuir este indicador, los
resultados no han sido ni remotamente los esperados, lo que nos obliga, por
supuesto, a hacernos un par de preguntas fundamentales: ¿en qué hemos fallado?
¿Estamos perdiendo la lucha contra este fenómeno que se presenta a expensas de
poblaciones cada vez más jóvenes?
El informe
evidencia, además, que el 35 % de las víctimas se encuentra entre los 18 y 29
años. Quienes hemos estudiado el fenómeno en las últimas dos décadas hemos
enfatizado por qué esa edad representa un profundo conflicto para los jóvenes, cuya
realidad nacional les ofrece cada vez menos oportunidades de tener una vida
digna. Lo que sucede en Risaralda y en su ciudad capital sí que es doloroso. En
2019, en el departamento se suicidaron 15 personas más con respeto al año
anterior, y analizar la cifra de Pereira es supremamente pertinente. Veamos: en
2018, 35 personas se suicidaron, y en 2019 fueron 12 más. Esto significa que de
un año a otro la variación porcentual alcanzó el 25.5 % –que a nivel nacional
fue del 3.5 %. La ciudad ocupa el quinto lugar del país; y solo con propósito
ilustrativo, Barranquilla, una ciudad con 1 250 000 habitantes, reportó 42
suicidios en 2019. Sin duda una diferencia abismal.
¿Qué
sucede en nuestra ciudad capital? ¿Se pueden disminuir estas cifras? En los
estudios poblacionales que se han hecho en todas las latitudes, se ha
demostrado de manera contundente que el suicidio es un indicador del estado de
salud mental de una población. Significa que algo no estamos haciendo de manera
adecuada. Y en cuanto al segundo aspecto, la respuesta es irrebatible: sí, las
cifras pueden reducirse siempre y cuando se mejoren las condiciones de vida. Se
necesita un compromiso serio y respaldado por la elaboración de una política
pública que responda a los aspectos más sensibles de la salud mental de nuestra
comunidad.
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