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La formación se impartirá a través de educación formal y de cursos de formación, seminarios, diplomados, jornadas académicas y congresos.
• La ESAP y la Defensoría del Pueblo
desarrollarán proyectos de investigación y académicos en las áreas propias de las
dos instituciones en temas relacionados con derechos humanos.
La Escuela Superior de Administración
Pública (ESAP) y la Defensoría del Pueblo firmaron un convenio de cooperación
interinstitucional para ofrecer la capacitación en derechos humanos a más de 6
millones de líderes sociales y comunitarios, víctimas de violencia, población
desplazada, mujeres, población diversa y defensores de derechos humanos.
La firma del convenio se realizó
durante un acto virtual celebrado entre el Director Nacional de la ESAP, Pedro
Medellín Torres, y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quienes destacaron
cómo este convenio contribuye a la equidad social, a aumentar el acceso a la
educación y a mejorar la calidad de vida de los líderes sociales.
“La idea de nuestro convenio es
trabajar en la dirección de la educación formal en los programas de
especialización, maestría y pregrado. La función es contribuir en los procesos
de formación y enriquecimiento en la construcción del conocimiento de las
personas sobre los instrumentos como los procedimientos defensoriales, cómo
avanzar mejor en un instrumento como la Defensoría del Pueblo”, señaló el
Director de la ESAP.
Por su parte, el Defensor del Pueblo,
Carlos Camargo, destacó la capacitación impartida gracias a este convenio y
dijo que “se consolida como una ruta para la formación permanente de ciudadanos
y funcionarios públicos soportados por la experiencia y en el reconocimiento
académico de la Escuela Superior de Administración Pública”.
El Defensor también señaló que este
convenio permitirá a estudiantes de la Escuela Superior de Administración
Pública realizar pasantías y prácticas en la Defensoría del Pueblo.
Sobre este convenio, el Director
Medellín Torres agregó: “Nuestro espíritu es fortalecer cada vez más la
presencia territorial, procurar un mejor conocimiento por parte de los
ciudadanos y de los funcionarios públicos, de los instrumentos que tienen y les
da la Constitución, las leyes y las instituciones para el ejercicio, la
promoción y la defensa de los derechos humanos”.
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