Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el Dane, el 12 por ciento de la población risaraldense está por encima de los 65 años de edad, estas cifras postulan a Risaralda como uno de los departamentos de Colombia con mayor población adulta.
Estos datos y las precarias
condiciones en que viven muchos de ellos han sido punto de partida para que el
gobierno Sentimiento de Todos desarrolle diferentes acciones orientadas a
mejorar la calidad de vida de este grupo poblacional desde el ámbito social y
de salud.
Desde la Secretaría de Mujer, Familia
y Desarrollo Social se trasfirió hace pocos días $3.968 millones de la
Estampilla Pro Bienestar del Adulto Mayor para que las Alcaldías Municipales
atiendan con alimentación, vivienda y actividades a cerca de 4000, de ellos
1054 de están institucionalizados en los 59 Centros de Bienestar y 2872 está
vinculados al programa Centros Vida.
De otro lado y con recursos propios,
el gobernador Victor Manuel Tamayo envía mensualmente un completo mercado y
gracias al convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estos
alimentos se complementan con un refrigerio reforzado a base de Bienestarina.
En cuanto a alimentación, a través
del programa “Risaralda sin Hambre” se atiende a 4881 adultos mayores en todo
el departamento por medio de la modalidad de Paquete Adulto Mayor, con una
entrega total de 14.673 paquetes de alimentos en el último año.
Para el caso de los adultos mayores
con discapacidad, este gobierno ha mejorado la calidad de vida de 54 personas y
sus cuidadores a través de sillas de ruedas especializadas, muletas y demás
elementos para su facilitar su movilidad. Y gracias a la gestión con el sector
privado ha sido posible proveerles pañales, tapabocas, alcohol y elementos de
aseo y cuidado personal.
Paralelamente a las acciones de
asistencia social, el programa de Adulto Mayor del departamento viene
trabajando en la implementación de la Política Pública de Vejez y
Envejecimiento Asistencia Técnica en los 14 Municipios, haciendo promoción y
garantía de los derechos y la protección social integral a esta población.
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