Una investigación de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario señala que las realidades sociopolíticas de Colombia, que en la última década han estado en constante cambio, han coincidido con alteraciones en los indicadores medioambientales del país.
El estudio “La paz y el medio
ambiente en la encrucijada: elecciones en un punto crítico de biodiversidad en
conflicto”, revela que un ejemplo de ello fue el año electoral de 2018, que
marcó el inicio de un periodo problemático para el medio ambiente.
. “Con el gobierno
de Iván Duque se perdieron importantes avances en factores socio ambientales, e
incluso la violencia, la pobreza, el desempleo y la inequidad se dispararon en
Colombia tras el año electoral de 2018”. Así lo afirmaron Adriana Sánchez,
Nicola Clerici y Benjamín Quesada, profesores de la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad del Rosario, al presentar los resultados del
estudio “La paz y el medio ambiente en la encrucijada: Elecciones en un
punto crítico de biodiversidad en conflicto”.
Uno de los factores sociales más
importantes en Colombia es la protección del medio ambiente. En cada periodo
presidencial se ha trabajado de distintas maneras para que este tema sea
favorable para el país. Sin embargo, el gobierno electo en 2018 entorpeció gran
parte del proceso que venía trabajando el gobierno anterior en materia de
cambio climático y medio ambiente, destaca la investigación que se realizó con
la colaboración de 18 investigadores de 6 países.
“Este estudio, muestra que la
participación del sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Presupuesto
General de la Nación durante el periodo 2018-2020 es de las más bajas en una
década”, afirmó el profesor Benjamín Quesada.
Violencia en zonas rurales aumentó desde
el mandato de Iván Duque
La firma del acuerdo de paz en 2016
permitió el regreso de biólogos y científicos a grandes áreas antes
inaccesibles a causa del conflicto, lo que llevó al descubrimiento de cientos
de nuevas especies, “pero el incremento de la violencia en los años 2018 y 2020
convirtió a Colombia en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los
ambientalistas y líderes sociales”, añadió Adriana Sánchez, investigadora de la
Universidad del Rosario.
“Los impactos ambientales de la matanza
desenfrenada de defensores ambientales son generalizados, irreversibles e
inconmensurables”, indicó Benjamín Quesada, recordando datos de la ONG Global
Witness en 2021.
“Es incomprensible la reiterada
resistencia del gobierno en ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado que
compromete esfuerzos multilaterales para la protección del medio ambiente y sus
defensores”, señaló Nicola Clerici, profesor de la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad del Rosario.
Según los autores del estudio, la
violencia en zonas rurales de Colombia aumentó desde el mandato de Iván Duque.
Una de las consecuencias es que el descubrimiento y registro de especies en los
próximos años se ralentizó, limitando así la disponibilidad de información
sobre biodiversidad para mejorar el bienestar de los colombianos y la
conservación de la vida silvestre.
¿Promesas imposibles de cumplir?
Si bien es cierto que la meta
climática propuesta por el gobierno colombiano en 2020 fue ambiciosa (-51% de
emisiones de gases de efecto invernadero y deforestación neta cero, de aquí a
2030), las acciones e implementaciones actuales del Acuerdo de París por parte
del gobierno Duque siguen un camino estrecho relacionado a los aumentos de la
temperatura media global en torno a 3-4ºC para finales del siglo XXI, por lo
que son altamente insuficientes para poder cumplir con este acuerdo.
“Para reducir la deforestación, el
presente gobierno ha optado por políticas ambientales más represivas,
como la controvertida operación Artemisa. Estas operaciones, sin embargo, se
centran principalmente en reducir la deforestación causada por pequeños
agricultores, mientras que los actores que financian la deforestación a gran
escala, no son adecuadamente judicializados” dijo Adriana
Sánchez.
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