“Desde el
primer momento que se registró la emergencia hemos estado con las familias
damnificadas. Yo vine el 8 de febrero y hablé con ellos, les dije que íbamos a
trabajar para solucionar su situación y así ha sido. Hoy firmamos este convenio
en donde la gobernación aportará cerca de $700 millones para que la reubicación
de estas familias sea posible”, manifestó el gobernador de Risaralda, Víctor
Manuel Tamayo Vargas.
La firma del
convenio deja claro que dentro de la inversión, la Gobernación de Risaralda
realizará un aporte de $500 millones, al igual que las Alcaldías de
Dosquebradas y Pereira quien también cedió el lote para la construcción de
estas viviendas.
“Hoy es un
día alegre ya que gracias al esfuerzo conjunto de todas las instituciones,
estas familias están viendo cada vez más cerca su sueño de tener su vivienda y
en una zona donde van a estar seguros y van a tener una mejor calidad de vida
para todos. Nosotros nos sentimos muy honrados de ser testigos y participes de
este proyecto” expresó la Ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campusano.
María Rojas
Rodríguez, residente del barrio La Esneda, expresó su satisfacción al saber el
apoyo y la gestión realizada por la administración departamental en medio de
esta tragedia. “No tengo palabras para expresar lo que siento en este momento,
yo soy madre cabeza de familia y saber que vamos a tener una casa en un lugar
seguro y vamos a mejorar nuestra vida” expresó la beneficiaria.
El lugar de
la emergencia
Además de
trabajar en la reubicación de las familias, la Gobernación de Risaralda a
través de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres,
CDGRD, está liderando los comités técnicos de la problemática que generó la
emergencia del pasado 8 de febrero.
Dentro de
este comité se están realizando acciones para evitar nuevas emergencias en el
sector. Por ejemplo: en articulación con las diferentes entidades se
construirán unos canales con disipador para la evacuación de las aguas de la
acequia.
Adicionalmente, la CDGRD invertirá $340 millones de $940 millones que
cuestan los estudios técnicos de la ladera norte del río Otún, para establecer
la magnitud de la situación y dar una solución definitiva.
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