· La Gobernación de Risaralda se reunió con los secretarios de gobierno de los 14 municipios para socializar el plan de alimentación en centros de atención transitoria. También se discutió el hacinamiento y la responsabilidad de las entidades territoriales.
Pereira- La Secretaría de Gobierno Departamental, siguiendo directrices del
gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, se reunió con los secretarios de gobierno
de los 14 municipios de Risaralda y la Policía Nacional.
En el encuentro, se socializó el más reciente comunicado del Ministerio
de Justicia sobre el plan de alimentación en centros de atención transitoria,
además de abordar la preocupante situación de hacinamiento en estas
instalaciones.
El Ministerio de Justicia informó que, a partir del 1 de julio de 2025,
las entidades territoriales deberán asumir la responsabilidad plena del
servicio de alimentación en estos centros, en cumplimiento de la Sentencia
SU-12 de 2022 de la Corte Constitucional, que exige garantizar condiciones
dignas para las personas en detención transitoria.
El secretario de Gobierno, Israel Londoño, manifestó su preocupación por
la situación de los municipios de sexta categoría, que carecen de los recursos
necesarios para asumir esta obligación. "El hacinamiento en
estaciones de policía y URIs ha crecido significativamente, y ahora las
entidades territoriales deben garantizar la alimentación de los detenidos, tal
como lo indica la sentencia", señaló.
Para enfrentar este reto, la Gobernación propone un modelo similar al
implementado con los jóvenes del programa Creeme, donde cada municipio aporta
recursos. "Estamos buscando un sitio que pueda albergar a los
detenidos de los municipios del occidente de Risaralda, mientras Pereira,
Dosquebradas y Santa Rosa ya cuentan con infraestructuras propias", explicó
Londoño.
Conforme a la Ley 2346 de 2024, las entidades territoriales tienen hasta
el 31 de diciembre de 2024 para presentar al Ministerio de Justicia su plan de
implementación del servicio de alimentación. Este plan será clave para asegurar
la correcta prestación del servicio, evitando que la responsabilidad recaiga
solo en el Gobierno Nacional.
La Gobernación de Risaralda hizo un llamado a los municipios para que se comprometan a diseñar y presentar el plan dentro del plazo estipulado, asegurando los recursos necesarios para cumplir con esta obligación legal y mejorar las condiciones de los centros de atención transitoria.
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