Se expidieron 24 órdenes de
captura por 6 delitos contra seis jueces de garantías, funcionarios del Inpec,
abogados, asistentes de juzgados y otros.
La estrategia Bolsillos de Cristal sigue su marcha en el sector
justicia. A los certeros golpes que contra la corrupción se han dado en el ente
acusador, ahora se suma un importante resultado en el funcionamiento de la
jurisdicción ordinaria en el Meta.
Esta investigación, denominada Operación Caballistas, es el primer
gran resultado de esta política. Como resultado de ella se dispuso la
imputación de cargos contra los tres (3) magistrados de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Meta y se legalizó la expedición de 24 órdenes de captura
contra seis (6) jueces de garantías, asistentes de juzgados, funcionarios del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), abogados particulares y
otros.
Las decisiones hacen parte de una investigación contra una empresa
criminal de la que al parecer formaban parte servidores judiciales y abogados
litigantes, que delinquía desde el año 2013 en los distritos judiciales de Meta
y de Cundinamarca, y que tenía por objeto otorgar indebidamente subrogados
penales a favor de los delincuentes, mediante decisiones relacionadas con
redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de la libertad por
domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias.
Los beneficiarios de estas medidas particularmente eran personas
procesadas por delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico ilícito
de estupefacientes, según lo tiene acreditado la Fiscalía.
En audiencia de imputación, programada para el 10 de julio
próximo, la Fiscalía le solicitará al Tribunal Superior de Bogotá que les
imponga medida de aseguramiento a los magistrados Fausto Rubén Díaz Rodríguez,
Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño.
Estos funcionarios junto con las otras 24 personas deberán
comparecer como posibles responsables de los delitos de concierto para
delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar
y ofrecer, y prevaricato por acción en concurso homogéneo.
Días atrás la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura
sellaron una alianza en orden a preservar la integridad de la justicia frente a
los riesgos de la corrupción.
Al anunciar estas decisiones, el Fiscal General de la Nación,
Néstor Humberto Martínez Neira, manifestó que “la corrupción constituye una
amenaza institucional intolerable y mucho más cuando se trata de la
administración de justicia. Si la sal se corrompe será imposible extirpar este
cáncer social”.
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