La acusación que ha presentado la Fiscalía General de la Nación
ante la Corte Suprema para que proceda al juicio contra el gobernador de
Nariño, Camilo Romero, pone a pensar a más de uno.
El hecho de que haya sido este aguerrido pastuso quien se
hubiera enfrentado tanto a Santos como a Duque, como a los
gringos, sobre la política adoptada con el glifosato y los
cultivos de coca en la costa nariñense,genera la primera duda sobre el verdadero
objetivo de esta acusación formal. Probablemente si él se hubiese convertido en
un aliado de los Estados Unidos en su manera de enfrentar el problema de la
droga y no se hubiese opuesto a que 50 mil familias que cuidan,cultivan o
procesan la mata maldita fuesen obligadas a quedarse sin su sustento,los
investigadores del contrato de la maquila de los licores de Nariño lo
habrían pasado desapercibido.
Pero como además Camilo Romero se estaba proyectando, de manera
vertiginosa, como el líder que la centro izquierda no ha podido como
encontrar para que aúne fuerzas de los extremos del rectángulo mamerto con las
de los progresistas, el proceso que se le abre en la Corte hace cavilar sobre
el interés en atajarlo para que esa opción se pierda y a regañadientes tengan
que voltear a mirar al cada vez más antipático y requemado Petro.
Por supuesto ni es la primera oportunidad que se usa la justicia
para limpiar el panorama político, ni será la última. Mientras se siga creyendo
que el papel de la Corte es el de la máxima Inspección Nacional de Policía,
siempre la seguirán usando para sus fines matreros.
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