Por : Omar de J CALDERON O- Se
presenta disculpas al lector por el titular, pero en el ejercicio del
desarrollo de las relaciones sociales que se dan entre los individuos de un
territorio cualquiera, está inmersa la política electoral, de tal forma que se
observa con recurrencia las manifestaciones de recriminación hacia un
Gobernante, por bueno que sea, en tal sentido es válido examinar:
- Actos de promoción de revocatorias
de elección: En
las actuales circunstancias, el País asiste a la solicitud de 107 procesos de revocatoria contra
Alcaldes o Gobernadores, lo que es signo de la forma como se da cierto
grado de equivocación por la mayoría de electores en cada circunscripción
electoral, objeto de dicho trámite.
- Gobernantes sancionados: En
la práctica, la elección popular de mandatarios locales solo rige en forma
parcial. El fenómeno se explica por el alto grado de corrupción en la
política, pero también porque en la competencia por el poder se está
borrando la frontera entre política y justicia. A pesar que en los últimos
8 años la Procuraduría General de la Nación, sancionó 94 Gobernadores y
1.627 Alcaldes, aparte que en el poder legislativo fueron sancionados 11
Senadores, 5 Representantes a la Cámara, 22 Diputados y 1.128 Concejales.
3.
La
revocatoria del mandato: Estatuido por la Ley 134 de |994, como
uno de los mecanismos de participación ciudadana, que establecía unos
porcentajes mayores, pero ante tanto fracaso, que para muchos significa pérdida
de dinero público en esas elecciones, se le hizo una reforma y fue aprobada la
Ley 1757 de 2015 que define nuevos requisitos, un poco más flexibles.
Cambios en la norma
-
El primer requisito es inscribir ante la Registraduría un comité
promotor, el cual tiene que recoger en seis meses (prorrogables hasta por otros
tres) el número de firmas que corresponda al 30% “de los votos obtenidos por el
elegido”. Antes era del 40%.
-
Las firmas se someten a un proceso de de revisión y verificación
de la autenticidad por la Registraduría y si son validadas se convoca a
elecciones dentro de los seis meses siguientes.
-
En esos comicios es
obligatoria la participación del 40% “de la votación total válida registrada el
día en que se eligió al respectivo mandatario”. La anterior ley establecía el
60%.
-
De lograrse esa participación, ganará la opción que obtenga “la
mitad más uno de los votos ciudadanos”.
-
Y si al alcalde o gobernador revocado le resta año y medio o
menos para terminar el mandato, será encargado un reemplazo, pero si le falta
un día más de los 18 meses, tendrá que convocarse a nuevas elecciones.
Proceso costoso: De todas formas, se
trata de un proceso que para algunos expertos es costoso, pero que bien vale la
pena para garantizar el ejercicio democrático, por ejemplo para el caso de
Bogotá, por información de fuentes de la Registraduría se estima que convocar
la revocatoria del Dr. Enrique Peñalosa Nieto, tendrá un costo de unos $45 mil millones, y si prospera esta opción
habría que convocar a nuevas elecciones para elegir un nuevo alcalde, lo que
supone otros $45 mil millones, en otras palabras éste ejercicio de democracia
en sólo Bogotá puede ascender a $90 mil millones (solo en Bogotá), lo que en
términos prácticos es lo que cuesta construir más se pudiese destinar a
resolver déficit de vivienda (se estima alcanzaría para darle casa a unas 2.300
familias), a mejorar la infraestructura en salud, en educación, entre otras.
4.
Es evitable
lo expuesto: Sin temor a equivocaciones, se puede evitar que situaciones como
la descrita se presente, partiendo de tener en claro varios elementos, así:
-
Los
procesos electorales en general tienen similitudes en cualquier País del mundo
gobernado por un Sistema Económico Capitalista.
-
En Colombia se afirma que un 82% de los sufragantes en cada
elección le dan prioridad a lo que
representa el candidato, y no al Partido que representa, o Partidos o
movimientos políticos que lo respaldan.
-
Sin
datos de un estudio sólido, pero si bajo la lectura de la experticia
política, se puede expresar que la gente no vota por el más bueno, sino por el
que va a ganar, y en el peor de los casos por el que más da.
-
Hay
diferencia enorme entre propiciar escenarios que den fortaleza a la democracia, y los que son una clara expresión de democraterismo, en El País se ha
llegado a tener 14 partidos políticos y 489 movimientos políticos fruto de la
inscripción de candidatos respaldados por la recolección de firmas.
La
receta para mejorar y tener un ejercicio de democracia con mayor rigor y sin
sesgos por los “vicios” de la política electoral, puede
estar en darle verdadera institucionalidad al manejo de los Partidos Políticos,
penalizar mucho más fuerte todo tipo de delito que se comete en los procesos
electorales tanto para quien dé, como para quien recibe a cambio de apoyar con
su voto a un candidato.
En el momento se estudia y
debate un proyecto de ley para una nueva Reforma Política en Colombia, y en su
contenido hay puntos que intentan mejorar el ejercicio de la política electoral
(hay varios que no son compartibles y cuando ya se tenga como Ley, se hará el
correspondiente análisis), pero ésta es una temática de la cual se tiene mucho
literatura.
Pero lo cierto del hecho, es
que una forma de acabar con tantas prácticas indeseables, es que los sufragantes se preocupen por al menos tener información y
analizarla bien sobre lo que representa su decisión de apoyar un
candidato y que no le eche la culpa a los políticos cuando el mismo tiene la
solución en sus manos, y ante todo para que no siga dando muestras que no piensa
pero vota y con ello hace parte de la decisión que mal tomada lleva a los
procesos de revocatoria de mandato a un Gobernante, y a tener un buen número de
servidores públicos sancionados mal elegidos por Él,
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