La Corte Constitucional conminó a la Presidencia, así como a otras entidades, a garantizar los derechos fundamentales de la comunidad raizal en San Andrés, Providencia y Santa Catalina luego de los daños que ocasionó el paso de huracán Iota por las islas, al dictar una serie de medidas provisionales que tienen como propósito la protección de la integridad cultural, la vivienda digna y la salubridad de los raizales mientras se toma una decisión de fondo.
El pasado 2 de junio, la Sala de
Revisión de Tutelas del Alto Tribunal, integrada por los magistrados José
Fernando Reyes, Natalia Ángel Cabo y Cristina Pardo Schlesinger, emitió un Auto
en el marco de un proceso de tutela interpuesta por la comunidad raizal, con el
apoyo del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario y
algunas organizaciones de la sociedad civil. En este ordenó adoptar medidas
provisionales en el marco del proceso de tutela interpuesto por Josefina
Huffington Archbold contra la Presidencia de la República y otros, para
garantizar los derechos fundamentales de la comunidad raizal luego del paso de
Iota.
El Auto consagra como primera medida
que el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres Naturales (UNGRD) identifiquen cada una de las viviendas del
Archipiélago que presentan problemas de vertimiento en el ambiente de las aguas
negras domésticas y que en un plazo no mayor a 20 días, se realicen las
adecuaciones necesarias en las viviendas, garantizando un sistema de
saneamiento básico funcional así como también una protección eficiente y
efectiva al medio ambiente, explicó María Lucía Torres, directora del Grupo de
Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario.
Como segunda medida, el Auto ordena a
la UNGRD enviar información completa y detallada sobre los avances en la
reconstrucción de las viviendas afectadas por el paso del huracán, así como
también los avances en la reconstrucción de hoteles, restaurantes,
establecimientos de comercio, infraestructura de acueducto y alcantarillado y
el hospital. A la fecha no existen cifras contundentes y cronogramas públicos
que permitan a la comunidad raizal conocer con exactitud el proceso de
reconstrucción del Archipiélago y hacer veeduría al mismo, señaló la directora
del GAP
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