Un estudio del Observatorio Laboral
de la Universidad del Rosario y Alianza EFI señala que esta cifra es alarmante
teniendo en cuenta que el salario mínimo mensual en Colombia es de 1.000.000 de
pesos. El análisis reveló que las personas sin discapacidad estudian más años
que las personas con discapacidad. En general son 4,1 años de diferencia entre
los dos grupos poblaciones.
Las barreras para empleabilidad y
brecha salarial de las personas con discapacidad subsisten en Colombia. Esa es
la principal conclusión de un informe del Observatorio Laboral de la
Universidad del Rosario y Alianza EFI, que se presentó en el marco del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este sábado 3
de diciembre.
El estudio “Mercado laboral de las
personas en condición de discapacidad” reveló que las personas con discapacidad
recibieron durante 2022 un ingreso promedio mensual de 796.870 pesos, mientras
que quienes no cuentan con ningún tipo de discapacidad obtuvieron un ingreso
promedio mensual de 1.159.035de pesos.
“Al evaluar el nivel de ingresos para
el año 2022, se obtiene que las personas con discapacidad recibieron un ingreso
promedio mensual de 796.870 pesos colombianos, cifra alarmante al tener
presente que el salario mínimo mensual en Colombia para este año es de
1.000.000 de pesos; es decir, que el ingreso que recibe una persona con
discapacidad equivale a un 79,6% de este”, indicó Bernardo Romero, investigador
del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.
“Por otra parte, las personas que no
cuentan con ningún tipo de discapacidad obtuvieron un ingreso promedio mensual
de 1.159.035 pesos colombianos. La diferencia respecto de las personas con
discapacidad exactamente corresponde a 362.165 pesos”, comentó Catalina
Buitrago, investigadora de este centro académico.
Las personas como seres ocupacionales
usan la ocupación como medio de participación social, de integración a la
productividad y de realización personal. Para el caso de las personas con
discapacidad, el trabajo constituye un recurso valioso para lograr autonomía,
mejorar la calidad de vida y vivenciar la dignidad consagrada en la Convención
Internacional de Derechos de las personas con discapacidad de 2006.
“La definición de parte del Estado de
la obligatoriedad de inclusión laboral de personas con discapacidad ha buscado
principalmente el diseño de medidas para el acogimiento e implementación de
ajustes razonables, que logren la equiparación de oportunidades, una
remuneración justa y un trato social digno”, explicó Claudia Marcela Rozo,
profesora del pregrado en Terapia Ocupacional la Escuela de Medicina y Ciencias
de la Salud de la Universidad del Rosario.
Ingresos y nivel educativo de las
personas con discapacidad
Andrés García-Suaza, investigador del
Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario y Alianza EFI, dijo que
“existe una alta prevalencia de discapacidades múltiples, que corresponde a un
35% del total de la población en condición de discapacidad. Las discapacidades
con mayor prevalencia son la discapacidad física, es decir, dificultad para
para hablar y realizar movimientos, y la discapacidad visual, es decir,
aquellas personas que presentan deficiencias para percibir la luz, forma,
tamaño color de los objetos”.
“El nivel educativo es uno de los
factores clave para la integración laboral de las personas con discapacidad.
Conforme avanzan los grados en el nivel educativo de las personas con
discapacidad, se evidencia que su participación es cada vez menor en
comparación con las personas sin discapacidad”, explicó el investigador
Alexander Sarango.
“Respecto del nivel técnico
profesional y universitario, las personas con discapacidad tienen una
proporción de 2,91% y 4,68%, respectivamente, en comparación de las personas
sin discapacidad, que tienen una participación mucho mayor, con 5,98% para
nivel técnico profesional y 11,53% en el nivel universitario”, destacó Carlos
Holguín, académico que participó en el estudio.
Sobre este último tema Julieth Ríos,
investigadora del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, precisó
que “las personas sin discapacidad estudian más años que las personas con
discapacidad. En general son 4,1 años de diferencia entre los dos grupos
poblaciones. Asimismo, la brecha en el promedio de los años de escolaridad es
persistente en todos los grupos de edad, aunque la mayor brecha se concentra en
las personas de 15 a 28 años con 4,13 años, seguido de las personas entre 29 y
59 años con 2,94 años”.
“La estrategia de remoción de
barreras a través de ajustes razonables debe incluirse en el ámbito laboral,
para habilitar, a partir de la combinación de incentivos y cuotas los estímulos
a la inclusión laboral en las rutas de empleabilidad con enfoque diferencial”,
afirmó Iván Daniel Jaramillo Jassir, investigador del Observatorio Laboral de
la Universidad del Rosario.
El estudio indica
que entre los problemas estructurales de reducción del desempleo y la
informalidad, el sistema laboral colombiano también tiene trazados entre sus
mayores retos la construcción de políticas de empleo inclusivo para grupos de
población que enfrentan barreras de acceso al empleo, como es el caso de las
personas en condiciones de discapacidad.
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