Una acción de tutela que fue
interpuesta por la Personería de Dosquebradas para que varias entidades del
municipio, inclusive del orden departamental como La Carder, adelantarán unas
obras de mitigación de riesgo a favor de una familia del sector de Mataburros,
en Santa Teresita, terminó en un incidente de desacato que llegó hasta la Corte
Constitucional.
Los antecedentes se resumen al año
2015 cuando la señora Gloría Inés García Holguín, se acercó a la Personería
para instaurar una acción de tutela para obtener ‘el amparo de sus
derechos fundamentales a la vida, calidad de vida, vivienda digna, dignidad
humana e integridad personal’, presuntamente vulnerados por varias
entidades del municipio de Dosquebradas, La Carder e inclusive el Ministerio de
Medio ambiente.
La señora en mención reclamaba ayuda,
pues su vivienda ubicada en la carrera 16 No. 56 -49 del barrio Santa Teresita
y que limita con la quebrada La Soledad, el terreno comenzó a tener
desprendimientos por ola invernal del año 2011; en los años 2014 - 2015 la
Carder conceptuó que debían realizarse unas obras ‘para
evitar un perjuicio irremediable a la vivienda’, concepto que se remitió a
la Oficina de Prevención y Atención de Desastres y a la oficina de Obras
Públicas, sin que se diera ninguna solución.
En este caso también se vinculó al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin embargo, esta entidad se
pronunció señalando que les corresponde a los Alcaldes como jefes de la
administración local, la implementación de los procesos de gestión del riesgo.
Lo cierto, es que la Personería llevó
este hecho al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira – Sala Unitaria
Laboral donde en julio de 2016 se resolvió que la Dirección del
Riesgo de Dosquebradas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la
Carder debían coordinar con la autoridad local, para que en el ámbito de sus
funciones se realicen obras públicas correspondientes en el sector en mención.
Este hecho se convirtió en incidente
de desacato, en tal sentido el pasado 14 de julio la magistrada Ana Lucía
Caicedo Calderón le ofició al presidente de la República Juan Manuel Santos,
para que él como superior jerárquico del Ministro de Ambiente y desarrollo
Sostenible en el término de dos (2) días hábiles hiciera cumplir la sentencia
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira.
Por ahora la Personería de
Dosquebradas, se encuentra a la espera de la respuesta no sólo del Presidente
Santos, sino también del Ministerio de Ambiente con el fin de determinar las
acciones a proseguir.
0 comentarios:
Publicar un comentario