La mandataria de los tolimenses se reunió con productores y
gremios del sector para evaluar y priorizar acciones que permitan garantizar la
sostenibilidad de los cultivos de arroz en el departamento.
El Espinal-- La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz,
participó este lunes en la Cumbre Arrocera que se lleva a cabo en la Cámara de
Comercio de El Espinal, donde expuso las estrategias de su administración para
afrontar la crisis de precios que golpea a los arroceros del departamento.
Durante su intervención, Matiz resaltó la urgencia de
implementar una unidad de gestión para la planificación y producción del arroz,
en coordinación con Fedearroz, con el objetivo de establecer un plan de
ordenamiento del sector.
Asimismo, la mandataria anunció que su gobierno impulsará la
actualización de los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios en
conjunto con el Gobierno Nacional. Para ello, iniciará gestiones con Asocentro
e invitará a los alcaldes a hacer lo propio en sus municipios.
En cuanto al acceso a financiamiento, Matiz destacó la
necesidad de promover créditos de Finagro con menores tasas de interés.
"Desde la Gobernación estamos haciendo un esfuerzo para que esa tasa
llegue lo más cerca posible a cero, porque los arroceros lo necesitan más que
nunca”, afirmó.
Otro punto clave fue el mejoramiento de la infraestructura de
los distritos de riego. La gobernadora recordó que en 2021 presentó ante el
Ministerio de Agricultura un proyecto para la construcción de una planta de
almacenamiento y secamiento de arroz en Asorrecio, pero dificultades con el
lote impidieron su ejecución. No obstante, aseguró que la Gobernación está
revisando una nueva propuesta de mantenimiento de los distritos de riego por un
valor de $5 mil millones.
Además, Matiz planteó la necesidad de estructurar una
estrategia para la exportación de 100 mil toneladas de arroz con el fin de
reducir inventarios y mejorar los precios de comercialización. También propuso
la creación de un fondo de estabilización de precios, aunque reconoció que su
implementación requiere una ley y una fuente de financiación inicial.
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