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- El gobernador de
Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, respaldó el anuncio del ministro de
Defensa, Pedro Sánchez, de convocar una mesa interinstitucional con
enfoque étnico para coordinar acciones de protección en los próximos días.
Pereira-. Con un llamado a la articulación institucional y
al respeto por los derechos de los pueblos indígenas, el gobernador Juan Diego
Patiño Ochoa expresó su respaldo a la estrategia del Gobierno Nacional para
contrarrestar los efectos de economías ilegales en territorios ancestrales del
departamento, mediante operaciones focalizadas y coordinadas con las
comunidades.
Durante el más reciente Consejo
Regional de Seguridad, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez señaló que el
Gobierno ha recibido preocupantes alertas sobre la presencia de estructuras
criminales en zonas de resguardos indígenas, donde se estarían presentando
casos de reclutamiento forzado, violencia sexual, desplazamientos y minería
ilegal.
“Celebramos la disposición del
ministro para adelantar en menos de 20 días una reunión con autoridades
indígenas, el Ministerio del Interior, la fuerza pública y la Gobernación, con
el fin de construir una hoja de ruta clara, garantista de derechos y con pleno
respeto a la autonomía de las comunidades”, señaló el gobernador Patiño Ochoa.
El ministro fue enfático en que
ningún territorio está vedado para la acción del Estado, y que se avanzará en
operaciones con enfoque diferencial, reconociendo y protegiendo la minería
tradicional y artesanal, pero enfrentando con decisión la minería criminal que
estaría siendo usada por grupos ilegales como el Clan del Golfo y el ELN para
obtener control territorial.
“Nos duele profundamente lo que han
denunciado líderes indígenas: el sufrimiento de mujeres, el riesgo de los niños
y niñas, la contaminación de territorios sagrados. Vamos a actuar con
responsabilidad, de manera articulada, para proteger tanto a las personas como
a los ecosistemas que ellos salvaguardan”, expresó el ministro Sánchez.
El gobernador Patiño reiteró que la
protección de los derechos de las comunidades indígenas es una prioridad
departamental, y que las acciones de seguridad deben ir acompañadas de
presencia institucional, inversión social, diálogo y garantías de no estigmatización.
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