Bogotá, 19 de enero de
2026. Echando mano de herramientas jurídicas, la gobernadora del Tolima,
Adriana Magali Matiz, explicó el camino que ahora seguirán los mandatarios
regionales de Colombia para contrarrestar los efectos nocivos del Decreto 1474
expedido por el Gobierno Nacional a finales del año 2025; considerado un
“asalto centralista a las finanzas de los territorios”.
“En primer lugar, vamos
a realizar una excepción de inconstitucionalidad para no dar aplicación a este
Decreto de Emergencia Económica y sobre todo en el tema de los tributos que
tanto nos afectan. En segundo lugar, vamos a intervenir ante la Corte Constitucional en nombre de
todos los departamentos; vamos a tener
la intervención de cinco gobernadores allí en la Corte Constitucional y; por
supuesto vamos a hacer llegar nuestros argumentos jurídicos, técnicos, legales,
para sustentar el inconformismo y lo que consideramos que es completamente
inconstitucional con la emisión de este
decreto”, esgrimió la mandataria.
Otro de los
mecanismos acordados por los mandatarios
en la Cumbre de este jueves es la tutela: “Yo creo que estamos a punto de una
emergencia económica y social en los departamentos y lo digo no solamente por
la expedición de este decreto, sino también por el aumento del salario mínimo
legal mensual. Fíjense ustedes que con ese aumento de casi el 24% nosotros
tenemos unas afectaciones supremamente graves. Nada más en el PAE, les pongo el
ejemplo, las manipuladoras de alimentos, donde habíamos hecho una previsión en
el caso específico del departamento del Tolima del 7% y a estas manipuladoras
vamos a tener que aumentarles casi 24%”,
complementó la gobernadora del Tolima al responder a comunicadores de medios
nacionales.
Adriana Matiz también
argumentó que aumentarán los costos de las obras públicas y disminuirán los
recursos para inversión. Así mismo reiteró que todos los gobernadores aplicarán
la excepción de inconstitucionalidad como
una herramienta jurídica que permite a las autoridades inaplicar una
norma de rango legal, como una ley o decreto,
en un caso concreto; si esta contradice claramente la Constitución.
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